La asociación «Empresaris de Catalunya» es una organización que se ha creado con el propósito de representar a empresarios y profesionales en Cataluña que desean expresar sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas que podría tener el proceso de secesión de Cataluña del resto de España. Ignacio Rubio es su vicepresidente desde 2023.
Su objetivo principal es alertar sobre los impactos que esta secesión tendría en la actividad económica de Cataluña, así como en el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos catalanes.
En contraposición a la visión optimista promovida por el movimiento independentista oficial, Empresaris de Catalunya manifiesta una gran preocupación por las repercusiones reales que el proceso de secesión podría tener en la actividad empresarial y la economía catalana en general. La asociación sostiene que formar parte de España y de la Unión Europea ha sido y sigue siendo fundamental y beneficioso para el crecimiento económico y el progreso de Cataluña.
Empresaris de Catalunya considera necesario levantar su voz en un contexto donde se percibe un intento de silenciar opiniones divergentes y plurales por parte de las instituciones que representan al Estado en Cataluña. Por lo tanto, la asociación busca expresar libremente sus preocupaciones acerca de los perjuicios reales que podría acarrear una eventual secesión de Cataluña del resto de España.
La asociación plantea una serie de reflexiones relacionadas con las consecuencias de la independencia de Cataluña, incluyendo aspectos como el restablecimiento de fronteras, aduanas y la aplicación de aranceles con otros países de la Unión Europea, la posible pérdida de clientes y consumidores españoles, la dificultad para acceder a nuevos mercados en la Unión Europea, el veto de otros países a la entrada de Cataluña como nuevo miembro, la obtención de recursos financieros para el nuevo estado y sus empresas, el costo de las nuevas estructuras estatales, la deuda pública inicial, la elección de una moneda y su paridad con el euro, la inversión y deslocalización de empresas, la garantía de pago de pensiones y el impacto en las cotizaciones sociales, entre otros.